A mediados de diciembre el recién asumido Javier Milei llevó al Congreso de la Nación un paquete de leyes con enormes reformas para el Estado, dados los tiempos de trabajo de las dos cámaras, el presidente llamó a sesiones extraordinarias con el objetivo de que dicha Ley Ómnibus se discuta y apruebe lo más rápido posible. El proyecto que su gabinete dió a conocer como “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” cuenta con más de 300 páginas, donde se proponen cambios estructurales y fundamentales en cuanto al ordenamiento jurídico argentino. Es decir, trae nuevas regulaciones (y con ellas desregulaciones) que se traducen en desprotección jurídica para la mayoría del pueblo argentino. Desde Igualar Rosario, repasamos brevemente sus puntos más significativos.
En nuestro país asistimos desde hace décadas a profundas transformaciones en el mundo del trabajo, entró en crisis la sociedad salarial y el modelo de trabajador asalariado fabril que imperó durante buena parte del siglo pasado. El modelo neoliberal forjado por un capitalismo financiero y cada vez más vinculado a procesos tecnológicos, digitales, y de programación, comporta un escenario donde los modos de inserción laboral de las personas que trabajan son disímiles y heterogéneos. El empleo formal tal como lo conocimos representa a un porcentaje importante de la clase trabajadora, sin embargo ya no explica la totalidad, ni las nuevas modalidades de trabajo y de relaciones laborales existentes. Actualmente en Argentina, existen aproximadamente 6 millones de personas empleadas en relación de dependencia en el sector privado, 3,3 millones de personas empleadas en relación de dependencia en el sector público, 1,5 millones de personas que trabajan por cuenta propia y poseen registración a través de monotributo y otras 8 millones que trabajan de forma autónoma, autogestiva o en actividades que aquí denominamos de la economía popular.
¿Por qué es importante entender esto para analizar el DNU y la Ley Ómnibus que promueve el gobierno de Javier Milei? En lo referido a derechos y protecciones laborales debemos tener presente que aproximadamente la mitad de la clase trabajadora accede a los derechos asociados al trabajo: salario digno, aguinaldo, vacaciones pagas, jornada de trabajo limitada, protección frente al despido, indemnización por accidentes de trabajo, libre asociación, protesta y libertad sindical, entre otros. La otra mitad de los trabajadores produce riqueza y valor social pero no accede a dichas condiciones, ya sea porque su actividad se desarrolla dentro del campo de la economía popular, o por encontrarse en situación de precarización e informalización por parte de sus empleadores.
Las propuestas contenidas en el DNU 70/23 y en la Ley Ómnibus ponen en riesgo los derechos laborales conquistados durante el siglo pasado. No regulan ni proponen formas de adquisición de derechos a aquellos trabajadores que aún no los perciben. No apuntan a generar empleo, tampoco a generar mayores niveles de registración del empleo informal o de los trabajos por cuenta propia o de la economía popular que no se encuentran registrados. Por el contrario, promueve un profundo retroceso en los derechos laborales del sector formal. Incluso fomenta la no registración, ya que exime de multas a los empleadores.
La afectación en materia laboral trasciende tanto el derecho como las relaciones laborales en su dimensión individual y colectiva. Entre los aspectos más alarmantes, posibilita los despidos en el empleo público; sustituye la indemnización por despido habilitando su reemplazo por un fondo de cesantía laboral, es decir, quita la protección contra el despido arbitrario sin causa justa; amplía el período de prueba de 3 a 8 meses y elimina su consideración como tiempo de trabajo; crea la figura del colaborador, habilitando que un empleador monotributista o autónomo pueda contratar hasta 5 trabajadores bajo esta figura, lo cual legitima el fraude laboral vía monotributo y quebranta la relación de dependencia laboral, reemplazando trabajo asalariado registrado por monotributos. En su dimensión colectiva, el DNU prohíbe el ejercicio del derecho a huelga y fomenta la criminalización de la protesta social, habilitando a los empleadores el despido con causa por el hecho de participar en reclamos colectivos.
Actualmente el título 4 sobre trabajo se encuentra suspendido por un fallo de la Justicia Nacional del Trabajo, de todas maneras ¿cuál es el lugar de los trabajadores en el proyecto de DNU y la Ley Ómnibus? Propone un modelo de trabajo liberal donde los empleadores no asumen responsabilidades sobre la condición laboral de sus empleados. Surge con claridad el intento de demoler principios básicos estructurales del derecho al trabajo, rompe conquistas históricas de la clase trabajadora y obliga a retroceder en la discusión, cuestiona la capacidad de acción y organización sindical para debilitar sus estructuras. Creemos en el trabajo como fuente de dignidad y de identidad individual y colectiva de las personas. En la organización sindical y colectiva, y el respeto a la trayectoria y conquistas en materia de derechos. Por ello, no podemos más que expresar el profundo rechazo a este intento de avasallamiento que promulgan en el orden laboral.
En el caso de las reformas al Código Civil y Comercial de la Nación es la creación del “divorcio administrativo”, que propone una instancia abreviada, sin asesoramiento ni patrocinio letrado, acarreando con ello una desprotección a mujeres e infancias, sobre todo si se da en contextos de violencia de género o intrafamiliar. Es importante tener en cuenta que la reforma al CCyCN del año 2015 incorporó una perspectiva integral de la familia, fundamentada en el respeto a los derechos humanos de quienes la integran, contemplando las infancias y las asimetrías de género. ¿Cuál es entonces la motivación de esta necesidad y urgencia para dejar desprotegidos a quienes menos poder tienen frente a la justicia?
Además se plasman reformas en el acceso a la salud y a las prepagas, dejando sin control ni sanción a aquellas empresas prestadoras de salud que no brinden una atención digna, ya que Modifica el marco regulatorio de la medicina prepaga y de las obras sociales (ley 26.682) echando por tierra las funciones de la autoridad de aplicación que en la ley vigente se encarga de fiscalizar el cumplimiento de las prestaciones del Plan Médico Obligatorio (PMO), los contratos y programas de prestación médica, y específicamente garantizar la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales. Respecto a esto último con el proyecto de ley, queda desregulado el aumento de cuotas, el cual estaba fundado en “las variaciones de la estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgos”. Como consecuencia los aumentos para el primer bimestre del año rondan entre un 40 y 50% para cada mes, mientras tanto la justicia ordenó algunas medidas cautelares en casos específicos de readecuación de los precios hasta que se dicten las sentencias definitivas.
Respecto a la normativa que tiene que ver con materia de género y derechos humanos, el Ejecutivo propone a través de su “Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” varios quiebres en las políticas que hasta el momento se venían desarrollando de manera transversal en las últimas dos gestiones de gobierno.
Por un lado propone la derogación de la ley 24.515 que crea el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) como entidad descentralizada en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional. Quien al momento tiene a cargo la responsabilidad del diseño e impulso de las campañas educativas que ponen en valor el pluralismo social y cultural, como así también la visibilización de las actitudes discriminatorias para su eliminación. Además es el organismo responsable de estudiar los materiales elaborados por el Derecho Internacional dirigidos a la temática; mientras que recibe y centraliza las denuncias respecto a conductas discriminatorias, brinda asesoramiento integral y gratuito para personas o grupos discriminados y les proporciona patrocinio en el caso de ser necesario.
En el caso de que no prospere su derogación, la intención del gobierno entrante es achicar el organismo, es decir: que pierda autonomía, su poder de diseñar políticas federales, vaciarlo y que sólo funcione para la recepción de denuncias en un sentido centralista. Es importante tener en cuenta que no será tarea sencilla poder eliminarlo, se debe tener en cuenta que la reforma constitucional de 1994 (art. 75°) elevó a rango constitucional los tratados internacionales que protegen los Derechos Humanos, es decir que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratifica que dichos documentos tienen jerarquía respecto a normativa nacional, provincial, etc.
La modificación de la ley 27.611 – Ley de Mil Días – que modifica el artículo destinado a las personas beneficiarias de la misma, quitando el término “persona gestante” excluyendo no sólo el compromiso con otras identidades de género que pueden gestar, sino también la existencia de una mirada de con perspectiva de derechos humanos necesaria para la dignidad de la personas. Plasma la idea de los derechos del niño “desde el momento de la concepción”, considerándolos sujeto de derecho y entrando en controversia con la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Además suprime las referencias a la salud integral y a la prevención de las violencias para las personas gestantes.
En cuanto a la modificación de la ley 27.499 – Ley Micaela – el recientemente creado Ministerio de Capital Humano pasa a ser la autoridad máxima de aplicación de la misma, con la potestad para elaborar, desarrollar y certificar las capacitaciones que otro organismo cree e implemente. Una de las mayores críticas que reviste su posible implementación es que quita la obligatoriedad para todas las personas que se desempeñan en la función pública y solo lo hace pertinente a quienes se desempeñen en los “organismos competentes en la materia”. Además deja de lado la materia de formación en “temática de género y violencia hacia las mujeres” haciendo mención del término “violencia familiar”, trasladando dicha problemática de la esfera pública hacia el plano de lo privado. En la urgencia por su pronta aprobación, el gobierno de Javier Milei se tomó el tiempo de eliminar el último párrafo del art. 7° de la presente ley, destinado a la publicación y difusión de la reseña bibliográfica de la vida de Micaela García, mencionando su compromiso social, dando cuentas de por qué dicha ley lleva su nombre y de las acciones del Estado vinculadas a la causa penal por su femicidio.
Estas modificaciones que pretenden colarse como “menores” en el caballo de troya del gobierno nacional, responden a las pretensiones del núcleo duro de su electorado, tienen un tinte ideológico y pretenden afianzar a sus seguidores atentando contra derechos humanos que tienen jerarquía constitucional en nuestro país, suprimiendo información vital en materia de promoción y prevención de las violencias por motivo de género.
Diversos observatorios arrojan cifras que manifiestan que ante el avance de la pobreza, se recrudece la violencia hacia las mujeres y personas lgbt+. El argumento de la derecha intenta tamizar a través del “sentido común” un discurso que carece de contenidos y sólo responde a la restricción de derechos, un ejemplo claro se viene dando los últimos días, donde el presidente no sólo intima al Congreso (para su pronta aprobación) sino que da notas en medios de comunicación excusándose bajo el vil discurso de terminar con el hambre quitando presupuesto en dichas políticas.
¿Qué ocurre con la privatización de las empresas públicas o con participación accionaria del Estado?
La privatización de las mismas o de las partes accionarias que el Estado tiene en ciertas empresas es una cuestión central del proyecto de Ley Ómnibus. Al menos encontramos cierta coherencia donde el presidente es fiel a su discurso de campaña electoral, en el cual hizo mella de que todos los problemas de nuestro país tienen que ver con la presencia del Estado.
La justificación de las privatizaciones ronda en el importante gasto que representan para el Estado y a propósito de esto, no se discrimina entre empresas rentables y no rentables.
Estas últimas semanas a través de medios de comunicación, se volvió de público conocimiento quienes serían los posibles compradores, fueran grupos inversores nacionales o extranjeros, van a obtener esa rentabilidad de la que el ejecutivo no quiere dar cuentas.
Veamos tres grandes grupos de empresas a privatizar:
Las del rubro energético y las empresas encargadas de la distribución eléctrica, no sólo han sido altamente rentables a lo largo de su historia, sino que es fundamental comprender la importancia de la soberanía energética que condiciona al resto de las actividades económicas que se desarrollan en nuestro país, desde la producción hasta la calidad de vida de la ciudadanía, ya sea en términos de consumo domiciliario o de transporte.
Las empresas que están ligadas a las Fuerzas Armadas también son rentables, en cuanto las instituciones responsables de efectivizar la seguridad y defensa del Estado Nacional se proveen a sí mismas de insumos e infraestructura. Esto por supuesto representa un costo que sostenemos debe ser asumido, en cuanto y en tanto queramos seguir siendo una Nación soberana capaz de administrar y proteger su territorio. Pensar en un modelo de importación de dichos insumos haría menos rentable al Estado en sí, además que interrumpiría largos procesos de desarrollo de tecnología y conocimiento, junto a capacidades productivas que hoy dinamizan la producción nacional en su conjunto.
Un tercer grupo de empresas corresponde a las del transporte: si bien existen costos elevados para el sostenimiento de las mismas, debido a la extensión territorial de nuestro país, es fundamental que sea el Estado y no un privado quien intervenga y asuma estas responsabilidades, ya que de está manera se garantiza el desarrollo productivo a lo largo y ancho del país de manera equitativa. Cuando hablamos de este grupo de empresas se debe contemplar la obra pública vial, la gestión de rutas, el transporte ferroviario de cargas y pasajeros, entre otros. Estas son adquisiciones que al sector privado en muchos casos no les resultan rentables y por lo tanto, decide no invertir.
No dejamos por fuera las propuestas de privatizar las empresas de comunicación, que en los últimos años han estado a la vanguardia del sector: desarrollando redes de fibra óptica de gran extensión, construyendo satélites (siendo pioneros a escala mundial). Como tampoco es menor el sector nuclear, ejemplo de buena gestión operativa y de desarrollo de tecnología propia, que además de ser sumamente rentable y materia de exportación, carga la responsabilidad indeclinable de garantizar la seguridad nuclear en el país.
Resulta fundamental traer a colación a uno de los pioneros del pensamiento liberal económico Adam Smith, donde su teoría fundada sobre mediados de siglo XVIII hace mención a que los estados deben invertir en aquello a lo que el privado no le resulte interesante.
Para cerrar esta reseña, desde Igualar Rosario no queremos dejar por fuera las dimensiones e implicancias que tiene para la cultura el proyecto de Ley Ómnibus que plantea medidas que afectarán notablemente la estructura y el actual funcionamiento de entidades fundamentales para la actividad, como el Fondo Nacional de las Artes (FNA), el Instituto Nacional del Teatro (INT), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), el Instituto Nacional de la Música (Inamu) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip).
Todas las personas deben acceder al derecho de verse cercanas a la posibilidad de expresarse a través del arte, ya que es un vehículo de desarrollo humano. Encontrar un espacio donde sea posible expresarse, pensar, conocerse a sí mismo y reflexionar respecto a cómo vincularse con la otredad es lo que, en menor o mayor medida, nos permite evolucionar como seres sociales.
Los sistemas de apoyo estatal lograron que nuestra identidad cultural se reconozca en el mundo entero, siendo admirada, reconocida y un ejemplo a seguir en cuanto al trabajo difundido a lo largo de los años en materia de lucha colectiva y marcas de memoria.
La cultura y el arte son identidad, constituyen al desarrollo social del individuo, y resultan un intercambio valioso para el mundo globalizado en el que vivimos.
Escriben:
Acosta, Rocío.
Cusumano, Lucila.
Daminato, Sofia.
Madoery, María.
Ruano, Juan Ignacio.
