Las relaciones bilaterales entre Argentina y Chile: oportunidades y desafíos para la Argentina en el marco de la Cuestión Malvinas

Por Lautaro Rodríguez Bonavía¹

Introducción

En el último mes, la cuestión de las Islas Malvinas, San Pedro, Aurora y Esquivel entre Argentina y el Reino Unido ha ganado una renovada centralidad en la discusión internacional. Prueba de ello han sido sucesos como la cadena nacional emitida por el presidente Javier Milei el día 3 de septiembre, en la cual anunció que el Estado argentino sancionará la explotación de hidrocarburos por las empresas Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum; o bien las declaraciones del mencionado presidente argentino en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Sin embargo, pese a la centralidad que ha ganado la Cuestión Malvinas recientemente, existen diversas aristas de la misma que, por un motivo u otro, no han alcanzado el mismo grado de notoriedad como, por ejemplo: las declaraciones del mandatario norteamericano Donald Trump, deslizando la posibilidad de una “revisión” del apoyo estadounidense a Reino Unido en la disputa de soberanía.

Una de estas aristas que no han alcanzado notoriedad refiere a los posicionamientos de actores centrales de la política chilena respecto de la disputa y, en particular, a los matices que han empezado a asomar en un apoyo que, hasta hace poco, se presentaba como un dato estable de la diplomacia regional. Chile es el vecino que comparte con la Argentina la frontera más extensa del continente, el Estrecho de Magallanes y la proyección hacia la Antártida; pero es también el país desde cuyo extremo austral, Punta Arenas, parten los vínculos comerciales y aéreos más relevantes que las islas mantienen con el continente. Esa doble condición -aliado declarativo y vecino con intereses propios- es la que explica por qué la posición chilena puede convertirse, según cómo se la administre, en un activo o en un flanco débil para la estrategia argentina.

Un respaldo contradictorio

El episodio que volvió visible esa tensión ocurrió el fin de semana del 27 y 28 de septiembre. En una entrevista con Radio Polar, de Magallanes, el ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros Tocornal -integrante del gabinete del presidente José Antonio Kast- sostuvo que su país apoya el reclamo de soberanía argentino sobre las islas, pero agregó que existe, una situación de hecho en la cual el Reino Unido, a quien definió como un “país amigo”, ejerce soberanía en el archipiélago desde hace doscientos años.

El ministro distinguió entre respaldar un reclamo y desconocer la posición de un país amigo, y precisó que ese apoyo debe darse conforme al derecho internacional, respetando la voluntad y el interés de las personas involucradas y por la vía pacífica. Llamó, además, a no repetir situaciones de conflicto. En el plano comercial fue más categórico: afirmó que cualquier actividad que respete las normas locales y el derecho internacional no puede tener limitaciones, y que la comunidad magallánica tiene derecho a comerciar. Sólo reservó un punto como “más conflictivo”: las exploraciones petroleras y mineras, que, dijo, habrá que analizar a la luz de los compromisos políticos -no vinculantes jurídicamente- que Chile asumió en el Mercosur.

Esa última precisión es, quizás, la más significativa y que suele pasar desapercibida. Lo que el ministro marcó como zona de fricción coincide con el núcleo de la estrategia que el gobierno argentino desplegó en septiembre: frenar el desarrollo unilateral de recursos naturales en la plataforma continental en disputa. Dicho de otro modo, el propio funcionario chileno señaló el terreno en el que Santiago y Buenos Aires tienen mayor margen de convergencia.

Punta Arenas: la manzana de la discordia en la Cuestión Malvinas

Las palabras de Barros Tocornal no surgieron en el vacío. A comienzos de septiembre, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, confirmó la firma de un contrato entre la Corporación de Desarrollo de las Islas y la naviera chilena Easter Island para establecer una nueva ruta marítima entre esa ciudad y Puerto Argentino. Según el jefe comunal, se trata de un “acuerdo entre privados” y el buque que cubra la ruta llevará otra bandera, de modo de sortear la declaración del Mercosur de 2011, que prohibió la recalada en los puertos de los países firmantes de barcos con bandera de las islas. Radonich recordó que, tras la rúbrica chilena de aquel texto, la región de Magallanes dejó de percibir unos 300 millones de dólares, un dato que ilustra el peso económico que el asunto tiene en el extremo sur trasandino.

El marco jurídico es, por lo menos, ambiguo. En la Argentina, el decreto 256 de 2010 exige autorización previa para los buques que naveguen entre el territorio continental y las islas. Pero la CONVEMAR reconoce el derecho de navegación de los buques sin carga militar en la Zona Económica Exclusiva. Entre ambos planos -una norma interna argentina y una convención internacional que ambos países ratificaron- se abre el espacio donde hoy se discute. En Chile, el excomandante en jefe de la Armada Julio Leiva ya advirtió que la nueva ruta traería inconvenientes con el país vecino.

El 28 de septiembre el gobierno argentino sumó un elemento que cruza directamente la frontera: informó que detectó operaciones de la empresa Thales UK Limited en la ruta aérea entre Malvinas y Punta Arenas, realizadas con una aeronave de matrícula británica y sin autorización argentina, e inició procedimientos sancionatorios, además de anunciar una acción penal. En el mismo comunicado dio al Reino Unido un plazo de dos semanas para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, y anticipó que recurrirá al arbitraje previsto por la Convención del Mar y al Tribunal Internacional del Derecho del Mar si no obtiene respuesta. Consultado al respecto en Santiago, el ministro del Interior y vocero Claudio Alvarado respondió que, si la Argentina estima que debe reclamar, lo hará por la vía diplomática correspondiente y que la parte chilena afectada, si la hubiere, presentará sus descargos.

Bajar el tono y esperar: la decisión de la Casa Rosada frente a las declaraciones del ministro de guerra de Chile

La reacción oficial argentina fue deliberadamente moderada. El Gobierno resolvió no elevar una protesta formal ante Chile por los dichos de Barros Tocornal, alegando que, al ser el ministro de Defensa de Chile, “tiene derecho a decir lo que quiera”, y que, en todo caso, habrá una conversación entre las cancillerías. La línea oficial, según se difundió, es que mientras no haya un cambio efectivo en la política chilena sobre Malvinas no corresponde adoptar medidas; si ese cambio se produjera, el Ejecutivo actuaría en consecuencia.

Esa contención convivió con el malestar en la Cancillería, donde no cayó bien que un funcionario de un país con posición histórica favorable al reclamo argentino utilizará la denominación inglesa del archipiélago. La decisión de no escalar responde, de acuerdo con los medios que reconstruyeron el episodio, a un cálculo político: el vínculo ideológico y personal entre Milei y Kast, quienes se reunieron a comienzos de septiembre en Santiago. En aquel encuentro, el mandatario chileno ratificó el respaldo de su país al reclamo argentino y pidió al Reino Unido retomar las negociaciones, mientras que Milei valoró el esfuerzo de Santiago para evitar que se consoliden actividades de explotación sin consulta previa a la Argentina.

Del lado chileno, el gobierno también buscó cerrar filas. El gobierno sostuvo que Barros nunca manifestó una posición contraria a la del Ejecutivo y que Chile respalda de manera clara y categórica, desde 1992, la reclamación argentina de soberanía sobre las islas. La frase es relevante porque ofrece una vara de medición: el Gobierno chileno considera que no ha habido cambio alguno, y el argentino ha decidido, por ahora, creerle.

Del otro lado de la cordillera: la política interna chilena

Para entender los matices de Santiago hay que mirar la política doméstica. El mismo 28 de septiembre, el canciller Pérez Mackenna debió presentarse en el Congreso en una interpelación solicitada por la oposición para examinar la política exterior del Gobierno, con la controversia por los dichos de Barros y la respuesta chilena a anteriores declaraciones de autoridades argentinas sobre el Estrecho de Magallanes entre los temas.

El Estrecho es, en efecto, el otro frente. En Chile se ha estado reclamando últimamente a la Argentina que derogue la Directiva de Política de Defensa Nacional aprobada en julio de 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández, cuyo anexo describe al Estrecho de Magallanes y al Mar de Hoces como espacios “compartidos”. Aquella redacción ya había motivado una nota de protesta formal de la cancillería chilena en agosto de 2021. La misma nota consigna que, tras la reunión entre Milei y Kast, sectores chilenos consideraron insuficiente el gesto argentino y acusaron al presidente chileno de “tibieza”, y que Estados Unidos recordó que el Estrecho pertenece a Chile. Más allá de las valoraciones específicas que se puedan hacer, el dato de fondo es político: cada gesto de Santiago hacia Buenos Aires en Malvinas es leído en Chile a través del prisma de la soberanía austral propia.

De ese modo, el gobierno de Kast enfrenta presiones en tres direcciones: la de una región, Magallanes, que depende del comercio y del tránsito; la de un establishment naval y de defensa que mira con cautela cualquier ambigüedad en el sur; y la de un Congreso donde la oposición exige explicaciones. A ello se suma una relación bilateral con el Reino Unido que Santiago no quiere deteriorar. Tras una recalada del buque británico HMS Medway en Punta Arenas -que motivó una protesta argentina- el Buenos Aires Herald reportó que una delegación de la embajada británica lo visitó, en el marco de los esfuerzos por fortalecer la relación bilateral Chile–Reino Unido.

Autodeterminación y derecho del mar: dos lecturas de un mismo conflicto

La referencia a la “voluntad” de los habitantes no es un detalle menor. Es el eje de la posición británica, que sostiene que el principio de autodeterminación debe prevalecer. La Argentina, por su parte, se apoya en la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU, aprobada en 1965 por 94 votos a favor y ninguno en contra, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía e invita a ambas partes a negociar teniendo en cuenta los “intereses” -no los deseos ni “voluntades- de la población isleña. La diferencia entre ambas palabras es jurídica y, a la vez, política: sobre ella se asienta buena parte de la tesis argentina.

Que el ministro chileno haya empleado la expresión “voluntad e interés” muestra que el vocabulario británico ha permeado el debate regional. Pero también abre una oportunidad retórica para Buenos Aires: el principio de autodeterminación está hoy bajo discusión dentro del propio Reino Unido. El 14 de septiembre, en Cardiff, los primeros ministros de Escocia, Gales e Irlanda del Norte afirmaron en una declaración conjunta que “el tiempo de Westminster está llegando a su fin” y reclamaron el derecho a la autodeterminación, según informó Noticias Argentinas. Varios medios locales leyeron en ese gesto una prueba de la doble vara con que Londres invoca el principio en el Atlántico Sur mientras lo resiste puertas adentro. Para la diplomacia argentina, es un argumento disponible; para la chilena, un recordatorio de que la autodeterminación no es un concepto unívoco.

Oportunidades y desafíos para el afianzamiento de las relaciones Argentina-Chile en el seno de la disputa por Malvinas

Frente al panorama planteado previamente es que resulta fundamental que la Argentina, en un contexto marcado por el renovado interés en la Cuestión Malvinas (y tópicos ligados a la misma, como la disputa por la soberanía en la Antártida y los pasos interoceánicos), pueda retomar y afianzar los vínculos con el Estado chileno, en tanto el mismo (de canalizarse adecuadamente) puede brindar distintas oportunidades para fortalecer el reclamo histórico sobre las Islas del Atlántico Sur. Entre dichas oportunidades cabe destacar:

Un respaldo declarativo ratificado al más alto nivel: Pese al ruido, Chile ratificó este mes, en una declaración conjunta de ambos presidentes, su apoyo a los derechos soberanos que reclama la Argentina, y pidió a Londres retomar la negociación. Ese texto es el principal activo diplomático de Buenos Aires con su vecino y constituye el parámetro contra el cual medir cualquier desvío posterior, incluso el de un ministro.
Coincidencia en el punto más sensible: los recursos naturales: Como se señaló, Barros Tocornal identificó las exploraciones petroleras y mineras como el ámbito donde los compromisos regionales de Chile exigirán un análisis específico. Si la Argentina logra separar con claridad el comercio cotidiano de las islas con el continente -un asunto de conectividad y economía regional- de la explotación unilateral de recursos, puede construir con Chile un consenso más amplio y más sostenible que el que lograría con una prohibición general. Es, en rigor, una hipótesis de trabajo: ordenar la agenda en torno de lo que sí es jurídicamente impugnable y de lo que es políticamente negociable.
Un canal institucional ya abierto: La mención oficial a una conversación entre cancillerías ofrece la oportunidad de formalizar un mecanismo bilateral permanente para Malvinas y Atlántico Sur, que hoy no parece existir como tal. Allí podrían tratarse la ruta marítima Punta Arenas–Puerto Argentino, el régimen de banderas, los vuelos como el de Thales y las comunicaciones públicas de ambos gobiernos, de modo de evitar que cada declaración ministerial se convierta en una crisis.
Alternativas económicas para la Patagonia compartida: Si el principal argumento chileno es el costo económico de acatar restricciones -los 300 millones de dólares que Magallanes habría dejado de percibir- la Argentina podría explorar fórmulas de complementariedad con sus propias provincias australes, con puertos, logística y turismo, que reduzcan la dependencia magallánica del comercio con las islas. Es una vía que excede lo declarativo y apunta a los incentivos materiales que sostienen la posición chilena.

Pese a las oportunidades que las relaciones bilaterales con Chile puedan generar para la Argentina, también cabe mencionar (teniendo en cuenta la estrecha ligazón del Estado chileno con la Corona Británica en las últimas décadas y las tensiones por motivos fronterizos con nuestro país) que la Argentina deberá atender y prestar atención a ciertos desafíos que, de una u otra manera, amenazan con alejar a los dos Estados y, con ello, favorecer a la posición británica no solo en la Cuestión Malvinas sino que, además, en la disputa por el control de los pasos interoceánicos y las porciones del continente antártico reclamadas por Argentina y Chile.

Entre dichos desafíos cabe destacar:

La brecha entre soberanía y comercio: Chile separa lo que Buenos Aires busca unir: apoya el reclamo, pero entiende que el comercio de Magallanes con las islas es legítimo mientras cumpla las leyes y el derecho internacional. La Argentina, en cambio, considera que ciertas actividades consolidan una ocupación que rechaza. Mientras ese desacuerdo conceptual no se resuelva, cada contrato privado -como el de Easter Island- o cada vuelo -como el de Thales- será un potencial foco de conflicto.
Una arquitectura jurídica asimétrica: Los compromisos de Chile en el Mercosur son, como remarcó su ministro, de carácter político y no obligatorios. La Argentina, por el contrario, dispone de normas internas con efectos sancionatorios. Y el derecho del mar, que consagra la libertad de navegación en la zona económica exclusiva, juega a favor de las rutas que Buenos Aires cuestiona. Sin un marco común, la Argentina corre el riesgo de aplicar sanciones con efectos sobre actores chilenos sin contar con el consentimiento político de Santiago.
El costo político interno en Chile: El Gobierno de Kast no tiene incentivos para endurecer su posición contra los intereses de Magallanes, y su oposición lo observa de cerca, como lo demostró la interpelación al canciller. Un pedido argentino percibido como una exigencia que perjudica a la región austral chilena podría resultar contraproducente incluso entre quienes simpatizan con la causa de Malvinas.
El Estrecho de Magallanes como asignatura pendiente: Mientras la directiva de Defensa de 2021 siga vigente sin aclaraciones, Chile continuará leyendo el reclamo argentino sobre Malvinas con la sospecha de que, en el fondo, hay una disputa de espacios marítimos propia. Disipar esa desconfianza —con gestos formales y no solo con coincidencias ideológicas entre presidentes— es una condición para consolidar el apoyo chileno.
El riesgo de depender de la sintonía personal: La decisión de no protestar se apoya en la afinidad entre Milei y Kast. Es una apuesta razonable, pero frágil: las alineaciones personales cambian con los ciclos políticos, mientras que los intereses de Magallanes, de la Armada y del comercio con el Reino Unido permanecen. La diplomacia de Malvinas necesita políticas de Estado sostenidas en el tiempo, no solo coincidencias circunstanciales. A su vez, el contexto internacional restringe los márgenes: el Reino Unido afirmó que está preparado para defender militarmente las islas, y Estados Unidos pidió desescalar la tensión, según titularon medios locales.

Conclusiones tentativas

El respaldo de América Latina ha sido, históricamente, uno de los pilares de la posición argentina en la ONU, la OEA y los foros regionales. Dentro de ese conjunto, el de Chile es el más sensible, porque es el país que, por geografía, tiene capacidad real de facilitar o de erosionar en la práctica la política argentina hacia las islas. Los dichos de Barros Tocornal no constituyen, por sí solos, un cambio de política, y tanto Santiago como Buenos Aires se esforzaron en subrayarlo. Pero funcionan como una señal: el apoyo chileno sigue vigente en el discurso, mientras que en los hechos se negocia, se matiza y se condiciona. No se trata de una ruptura ni de un conflicto abierto, sino de la distancia entre una adhesión declarativa y una política de Estado coordinada.

La oportunidad para la Argentina es transformar esa adhesión en un entendimiento operativo, con reglas claras para la conectividad, un frente común frente a la explotación unilateral de recursos y una aclaración definitiva sobre el Estrecho. El desafío es lograrlo sin que la presión sobre Chile termine erosionando el activo que se pretende cuidar. De cómo se resuelva ese equilibrio dependerá, en buena medida, la solidez de la posición argentina en el Cono Sur durante los próximos años.

Estudiante avanzado de la Lic. en Ciencia Política (FCPOLIT-UNR). Investigador en el Observatorio de Política Exterior Argentina (OPEA), el Grupo de Estudios sobre Malvinas UNR y el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (OCIPEx). Redes sociales: Instagram (@lauti.rdgzok), LinkedIn (www.linkedin.com/in/lautaro-rodríguez-bonavía-a04ab820a), email: la***********************@ho*****.com ↩︎