Régimen de Tierra del Fuego en el altar de la polarización
Por Ernesto Bua
El 25 de mayo de este año, el Gobierno Nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto 334/2025, que establece:
“Resulta oportuno propiciar un mecanismo que tienda a la simplificación y desburocratización de las operaciones de exportación hacia el Territorio Nacional Continental de mercaderías provenientes del Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego, destinadas a las personas humanas que revistan la condición de consumidores finales.”
Para comprender el contexto, es necesario recordar que en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (TdF) rige un régimen especial creado por la Ley N.º 19.640, promulgada en 1972. Esta ley, sancionada durante el gobierno de facto de Alejandro Lanusse, buscó fortalecer la presencia argentina en una región estratégica mediante incentivos fiscales y aduaneros. Entre otras medidas, dispuso la creación de un Área Franca y una serie de beneficios impositivos que, décadas después, siguen marcando el perfil económico fueguino.
El impacto fue notorio. La industria electrónica es hoy responsable de aproximadamente 18.000 puestos de trabajo directos e indirectos, lo que representa entre el 30% y el 35% del producto bruto provincial.
Un crecimiento demográfico excepcional
Los datos censales reflejan el efecto dinamizador del régimen:
El crecimiento demográfico de TdF fue sistemáticamente superior a la media nacional. Sin embargo, pese a ese impulso, su densidad poblacional actual apenas supera 1 habitante por km², muy lejos del promedio argentino de más de 16 hab/km². Este dato la emparenta con la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, que limita con Ushuaia y comparte condiciones geográficas y climáticas extremas.
Dos modelos comparables
La comparación con Magallanes es reveladora. Allí no existe un régimen de exenciones impositivas tan concentrado en la industria electrónica, y aun así la densidad poblacional es similar. El desarrollo económico chileno se ha apoyado en la ganadería ovina, la explotación energética de la cuenca de Magallanes, la energía eólica, la pesca, la acuicultura y el turismo. Estas actividades reciben estímulos fiscales, pero no distorsionan de manera tan marcada los precios de consumo masivo.
Según un informe de FUNDAR, el régimen fueguino genera un costo fiscal equivalente al 0,22% del PBI nacional. A modo de referencia, el CONICET —organismo que nuclea a la principal comunidad científica del país— tiene un costo fiscal de 0,11% del PBI y emplea a casi el doble de personas (más de 28.000), aunque con salarios promedio más bajos que los de Tierra del Fuego, donde el nivel de ingresos es también un incentivo para radicarse.
Cuando se creó este régimen, la Argentina vivía una etapa de alta capacidad adquisitiva y la electrónica era incipiente. Hoy, el abanico de bienes abarca computadoras, celulares y electrodomésticos que se volvieron imprescindibles para trabajar, estudiar y emprender.
En este contexto, resulta al menos paradójico que un Estado que promovió el Plan Conectar Igualdad para entregar netbooks a estudiantes, mantenga un esquema de impuestos y aranceles que encarece en un 30% los dispositivos tecnológicos que usan millones de argentinos.
La consecuencia es directa: Argentina fue en 2021 y 2022 el país más caro del mundo para adquirir tecnología. Esto eleva las barreras de entrada para los pequeños negocios y agrava la exclusión digital. Se estima que el 8% de los trabajadores del país obtiene ingresos mediante aplicaciones de plataformas digitales, es decir, depende de dispositivos encarecidos por la política vigente.
Una discusión secuestrada por la grieta
Este escenario expone una contradicción profunda: el régimen de TdF logró sus objetivos iniciales de poblar, generar empleo y consolidar la presencia argentina, pero hoy presenta costos y distorsiones que perjudican el desarrollo nacional.
¿Qué se puede hacer? Lamentablemente, el debate público se reduce a opciones extremas. Por un lado, mantener el statu quo indefinidamente. Por otro, eliminar de un plumazo toda ventaja competitiva, poniendo en riesgo miles de empleos y la economía provincial. La simplificación binaria no resuelve problemas complejos, sino que los agrava.
Conclusión: una transición inteligente
La experiencia de Magallanes demuestra que existen caminos de diversificación económica compatibles con la permanencia poblacional y el arraigo. La clave es transitar gradualmente hacia un esquema más sostenible.
La discusión no debería plantearse entre conservar todo o destruirlo todo, sino en diseñar una transición que:
- Proteja a los trabajadores fueguinos con planes de reconversión laboral.
- Reduzca progresivamente los subsidios, orientándolos a actividades con potencial a largo plazo (energías renovables, turismo, logística antártica)
- Compense el acceso a la tecnología con políticas específicas (por ejemplo, exenciones o subsidios focalizados para dispositivos educativos y laborales)
La twiterización del debate —su énfasis en la agresión y los antagonismos— solo contribuye a la parálisis. Detrás de cada estadística hay personas: 18.000 trabajadores, millones de argentinos que pagan sobreprecios, y una provincia cuya importancia geopolítica requiere soluciones responsables.
El desafío no es elegir entre poblar o desarrollarse: es lograr ambos objetivos sin sacrificar el futuro en el altar de la polarización.